EL ATAQUE CONSTANTE A LOS AUTÓNOMOS
Un artículo de EL REDACTOR.-
El Gobierno propone subir las cuotas de autónomos hasta 206 € en 2026… y más de 1.000 € en 2027 para los que más ganan
El Ejecutivo ha presentado este lunes su propuesta de cuotas para los trabajadores autónomos en los próximos tres años, desatando una nueva ola de críticas entre asociaciones del sector. Según el documento al que ha tenido acceso EFE y que fue compartido en la mesa de diálogo con agentes sociales, las cotizaciones mensuales subirán entre 17 y 206 euros en 2026, y se dispararán aún más en 2027 y 2028, llegando a superar los 1.000 euros mensuales para los autónomos con mayores ingresos.
La medida forma parte del proceso de transición hacia un sistema de cotización totalmente vinculado a los ingresos reales, acordado en 2022 y que deberá estar plenamente implementado en 2032. Pero mientras avanza ese calendario, miles de pequeños empresarios, comerciantes y profesionales liberales temen que estas subidas pongan en jaque su viabilidad económica.
Las cifras: de 217 € a más de 1.200 € en tres años
Según la propuesta del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones:
- En 2026, la cuota mínima será de 217,37 €/mes (frente a los 200 € actuales), mientras que la máxima alcanzará los 796,24 € para quienes ingresen más de 6.000 € mensuales.
- En 2027, el rango se amplía: desde 234,73 € en el tramo más bajo hasta 1.002,49 € en el más alto.
- En 2028, las cuotas se elevarán aún más: 252,10 € como mínimo y 1.208,73 € como máximo.
Estas cifras se aplican a un sistema de 15 tramos de rendimientos netos, que van desde menos de 670 € mensuales hasta más de 6.000 €. Por ejemplo, un autónomo con ingresos entre 3.620 y 4.050 € verá cómo su cuota mensual sube de 490 € a 592,95 € en 2026: un incremento de más del 20 % en un solo año.
ATA denuncia un “sablazo”; UPTA pide matices
La reacción del sector no se ha hecho esperar. Lorenzo Amor, presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), ha calificado la propuesta de “un nuevo sablazo” y ha advertido que “suben 200 euros a quien no gana ni 3.000 euros al mes”.
Amor ha cuantificado el impacto:
- +450 € al año para quien gana unos 30.000 € anuales.
- Entre 1.000 y 2.500 € adicionales para quienes superan los 38.000 € anuales… solo en 2026.
Además, ha criticado que las mejoras anunciadas en la prestación por cese de actividad son “un bluf”, recordando que actualmente se deniega el 60 % de las solicitudes, y que con los cambios propuestos seguirían rechazándose el 40 %.
Por su parte, Eduardo Abad, presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), ha reconocido que los tramos se ajustan al acuerdo de 2022, pero ha pedido crear un tramo inferior para creadores de contenido, artistas o profesionales con ingresos muy bajos (menos de 4.000 € anuales), que actualmente no tienen cabida en el sistema.
¿Protección o presión insostenible?
El objetivo declarado del Gobierno es reforzar la protección social de los autónomos: mejorar el cese de actividad, la cobertura por maternidad y la pensión de jubilación. Sin embargo, muchos autónomos sienten que se les exige como a una gran empresa, sin recibir a cambio una red de seguridad real.
Peor aún: en un contexto de inflación persistente, subida de tipos de interés y caída del consumo, estas subidas podrían tener consecuencias graves:
- Cierre de pequeños comercios, especialmente en zonas rurales o con poca clientela.
- Desincentivo al emprendimiento, sobre todo entre jóvenes y mujeres.
- Aumento de la economía sumergida, como vía de escape ante costes fijos inasumibles.
- Pérdida de empleo indirecto, ya que muchos autónomos contratan a otros trabajadores.
Próximos pasos: ¿decreto ley o consenso?
ATA ha exigido que la propuesta se tramite como decreto ley en el Congreso, para que “se retraten los partidos”. Mientras tanto, las negociaciones continúan en la mesa tripartita, con la expectativa de alcanzar un acuerdo antes de fin de año.
Pero el reloj corre en contra de los autónomos. Si no hay ajustes —como topes máximos, bonificaciones por sectores críticos o mecanismos de amortiguación ante la volatilidad de ingresos—, miles de pequeñas empresas podrían verse abocadas a una encrucijada: pagar más de lo que ganan… o cerrar.
Conclusión: un sistema justo no puede ser inviable
Vincular las cuotas a los ingresos reales es un principio razonable. Pero la justicia social no puede construirse sobre la fragilidad financiera de quienes sostienen el 20 % del empleo en España. Si el objetivo es proteger a los autónomos, el Gobierno debe escuchar sus alertas antes de que sea demasiado tarde. Porque detrás de cada cuota, hay un negocio, una familia… y un pedazo de la España que trabaja.
---
Comentarios
Publicar un comentario